Tras el conflicto con el sindicato de técnicos que mantuvo cancelados los vuelos al exterior desde el sábado, el gobierno nacional firmó un decreto -firmado por la presidente Cristina Kirchner y publicado hoy en el Boletín Oficial– para volver a poner bajo la órbita del ámbito militar a los doce controladores de Ezeiza que impulsaron el cese de actividades, a pesar del dictado de la conciliación obligatoria. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificó que el Poder Ejecutivo presentará a la Justicia un pedido para suspender la personería gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) -conducida por Ricardo Cirielli- y nombrar a un interventor. Además, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, confirmó la normalización de los vuelos.
En las consideraciones del decreto, se explica que "para el mejor cumplimiento de las finalidades tenidas en mira al momento de la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y siguiendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha Administración no tenga a su cargo la prestación de los servicios de navegación aérea, cuya actividad regula y le compete fiscalizar".
Asimismo, pasarán a la Fuerza Aérea los centros de control, las torres de tránsito aéreo y los servicios asociados al control de tránsito, "con sus respectivas competencias, cargos y créditos presupuestarios, así como los bienes patrimoniales afectados a su uso". En tanto, se exceptúa de la transferencia a los jefes de aeródromo y a su personal de apoyo.
Según se indica, el personal de la ANAC pasará a revestir sus funciones, en comisión, en la Dirección General de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea por el plazo de un año, durante el cual "se realizará un procedimiento de selección del personal que mantendrá condición de servicio en dicha dependencia". Asimismo, asegura que en todos los casos se garantizará "la continuidad y derechos de los trabajadores".
En este marco, el ministro de Trabajo reiteró que el gobierno nacional denunciará ante la Justicia a la APTA por desoír la conciliación obligatoria e insistió con que esta debe ser respetada "para poder hablar, dialogar y buscar soluciones".
Por otro lado, sostuvo que "cuando los controladores aceptaron la conciliación y retomaron el trabajo, el Ricardo Cirielli desplazó el conflicto a los talleres de mantenimiento, lo cual demuestra que hay una intención de intervenir y de querer presionar a la empresa que es muy clara".
Por su parte, Schiavi precisó que los conflictos entre el Directorio de Aerolíneas y los empleados que responden a Cirielli generaron una pérdida estimada de entre 15 y 20 millones de dólares para la aerolínea de bandera.
Además, aclaró que el decreto busca que "no tengamos que estar rehenes de nadie en un tema muy especifico y minucioso como es el control del espacio aéreo" y sostuvo que implica "una mejora de la Administración Nacional de Aviación Civil, que obedece a normas internacionales y que plantea que quien presta servicio no puede autocontrolarse y mucho menos regularse a sí mismo".
Fuente: Pagina/12
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