El proyecto de los extrabajadores de Pluna para formar una nueva aerolínea de bandera, la gran apuesta del gobierno para recuperar la conectividad aérea y retomar a la mayoría de los empleados que se quedaron sin empleo en julio, deberá enfrentar todavía varios trámites importantes antes de poder comenzar a operar, lo que genera inquietud y preocupación en ámbitos del Poder Ejecutivo, dijeron a El Observador fuentes oficiales.
El plan de negocios mantiene dudas sobre su financiamiento. Plantea el ingreso de US$ 30 millones como capital de giro para iniciar las operaciones, pero el préstamo del Fondo de Desarrollo (Fondes) –que se prevé que llegará sin problemas– representa solo la mitad, ya que se solicitaron US$ 15 millones. El resto será pedido en préstamo a un banco de plaza, pero está por verse si se les concede.
Además, propone que durante los dos primeros años de operación no se cobre el alquiler y los intereses de los siete aviones, lo cual representa para el Estado un costo de US$ 34,4 millones, cuenta que surge de la suma de las cuatro cuotas que debería pagar al Scotiabank en ese período.
Según dijo ayer a El Observador una fuente oficial, en el gobierno no quieren acceder a ese pedido y en las negociaciones que comenzarán en breve con los trabajadores, para establecer las condiciones de alquiler de los aviones, intentarán por todos los medios evitar esa concesión. Se había manejado en un principio solicitar a los trabajadores una contragarantía real a cambio de dar los aviones sin costo por dos años, para que el Estado tuviera cómo cobrar en caso de que fracase el negocio de la aerolínea.
En el gobierno quieren que los trabajadores contraten a una empresa privada para gerenciar el proyecto. Para ello acercaron la idea de contactar a la aerolínea Air Europa, a la que, además, le propusieron que se haga cargo de las frecuencias de vuelo directo de Montevideo a Madrid, que dejará vacantes Iberia desde abril.
Técnicos y jerarcas del Ejecutivo transmitieron al gremio que debe existir una conducción profesional del emprendimiento, más allá de la participación colectiva y la apuesta por los intereses de los trabajadores. Esa propuesta implica contratar el servicio del privado con el pago de un porcentaje de la rentabilidad. A esto último el gremio no se opone y, de hecho, en la presentación que se entregó al Parlamento se indica: “Se asume la necesidad imperiosa de la profesionalidad en la gestión”.
Ayer, la Cámara de Representantes dio sanción definitiva al proyecto de ley que otorga al fideicomiso que administra los bienes de Pluna la posibilidad de arrendar o vender los siete aviones Bombardier de los cuales el Estado es garante de su pago ante el Scotiabank. El texto da prioridad durante seis meses para que el gobierno negocie con los trabajadores la cesión de las aeronaves y las frecuencias que operaba la vieja aerolínea de bandera cerrada el 5 de julio por insolvencia financiera. Ello implica que a partir de ahora la pelota está en la cancha del sindicato.
Para poder comenzar a volar deben conformar una sociedad anónima, que estará integrada, a su vez, por accionistas de una asociación civil sin fines de lucro en la que participarán los trabajadores y posibles privados que se interesen en el futuro. Paralelamente, además, tendrán que presentar documentación ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para conseguir el certificado de aerolínea de bandera. Todo ello implica trámites, estudios y redacción de decretos por parte del gobierno, lo cual insume tiempo.
Si bien los trabajadores han avanzado en reuniones de planificación, la preocupación del gobierno radica en que faltan muchos aspectos por concretar.
Otra duda se genera en el cálculo de los ingresos y costos incluidos en el plan de negocios del sindicato.
Los primeros se consideran muy optimistas y los segundos apartados de la realidad.
Fuente: El Observador (Uruguay)
